La magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Karla Socorro Reyes Reyes hermana del diputado de Morena, Rafael Reyes Reyes, negó la suspensión que interpuso una ciudadana contra el alza a la tarifa del transporte público en Morelos.
Ello bajo el argumento de que “frenar temporalmente” el cobro podría afectar la viabilidad financiera de los concesionarios y poner en riesgo la continuidad del servicio.
La resolución judicial establece que la tarifa debe responder a un supuesto equilibrio entre la viabilidad financiera de las empresas concesionarias y el interés superior de los usuarios, con fundamento, entre otros ordenamientos, en el artículo 4º constitucional y la legislación estatal en materia de movilidad.
Sin embargo, en los hechos, esta determinación coloca el costo económico del servicio sobre los derechos de los usuarios, quienes deberán pagar la tarifa impugnada mientras el juicio determina si el aumento fue aprobado conforme a derecho y si cuenta con la justificación técnica y constitucional necesaria.
En el documento, la magistrada Reyes Reyes sostiene que conceder la medida cautelar solicitada podría contravenir disposiciones de orden público, debido a que los concesionarios necesitan mantener una dinámica de inversión económica para prestar el servicio de manera continua y regular aunque sus unidades estén desbaratándose.
Incluso advierte que evitar el pago total o parcial de la tarifa vigente podría provocar una afectación a la operación del transporte y, eventualmente, una paralización o degradación del servicio.
La resolución va más allá al señalar que, de concederse la suspensión, “debe privilegiarse el interés de la colectividad sobre el interés particular de la promovente”, pues —argumenta— la tutela judicial no puede tener como consecuencia afectar la prestación de un servicio público.
El razonamiento resulta polémico porque la ciudadana no solicitó la desaparición del transporte público, sino una medida cautelar para suspender temporalmente el cobro de la tarifa incrementada mientras se resuelve el fondo de su impugnación.
La propia resolución reconoce que será durante la sentencia definitiva cuando se analizará si el aumento tarifario cuenta con la justificación técnica y constitucional que exige la ley.
Es decir, mientras ese análisis ocurre, los usuarios deberán absorber el incremento, pese a que todavía está pendiente determinar judicialmente si el aumento se encuentra debidamente sustentado.
El documento judicial pone especial énfasis en la necesidad de preservar la viabilidad financiera de los concesionarios. De acuerdo con la magistrada, obligarlos temporalmente a cobrar una tarifa distinta a la establecida por la autoridad podría poner en riesgo su operación.
La postura genera cuestionamientos sobre el equilibrio que debe existir entre quienes prestan un servicio público y quienes dependen de él y pagan por utilizarlo.
La Asesoría Jurídica Especializada, encabezada por los abogados Carlos Gibran Haro Álvarez (@gibranh) y Carlos Díaz que representa a la parte que impugnó el tarifazo, cuestionó precisamente este aspecto y sostuvo que preocupa que, al ponderar los intereses en conflicto, se haya considerado relevante la viabilidad financiera de los concesionarios mientras miles de usuarios absorben diariamente el impacto económico del incremento que es más del 30%.
El despacho también pidió que las instituciones actúen con máxima transparencia ante cualquier circunstancia que pueda generar dudas sobre la independencia o apariencia de imparcialidad en asuntos de interés social.
La magistrada fundamentó su decisión en que el transporte público constituye un servicio cuya continuidad debe protegerse y relaciona esta obligación con el derecho humano a la movilidad, es decir, solita se contradice.
La determinación fue firmada por Karla Socorro Reyes Reyes, magistrada de la Sexta Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa de Morelos, ante el secretario de acuerdos Juan Manuel Tovar García.
Reyes Reyes es además hermana del diputado morenista Rafael Reyes Reyes, un vínculo familiar que, en el contexto de una decisión relacionada con un tema de alto impacto social y económico, puede alimentar cuestionamientos políticos sobre la percepción de independencia de las instituciones, aunque por sí mismo no acredita una intervención indebida en el proceso.
Mientras tanto, la parte promovente anunció que continuará agotando las vías legales correspondientes para defender la suspensión y cuestionar el incremento tarifario.
El juicio sigue abierto y será en la sentencia definitiva donde deberá determinarse si el aumento al transporte público en Morelos cumple realmente con los requisitos técnicos y constitucionales que exige la ley.
