Morelos/Verónica Bacaz
“Pepita” como así la conocían en el gabinete ejecutivo del exgobernador de Graco Ramirez, fue vinculada a proceso por el delito de fraude procesal, mismo que le formuló la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Morelos, después de presentar documentos falsos y con ello adquirir de las llamadas “pensiones doradas”, tras ocupar el cargo de secretaria particular de la presidenta del Sistema DIF Mirella, es decir, de Elena Cepeda esposa del exmandatario.
Dichas acciones, fueron una constante por varios exfuncionarios en la administración del perredista, para poder recibir mensualmente este derecho laboral, que van desde los 20 mil hasta los 50 mil pesos mensuales. En varios casos se trataron de esposas, cuñadas, amigos y hermanos de exintegrantes del gabinete de Graco, así como también de diputados aliados del entonces gobernador.
Por presuntamente ingresar documentación falsa para sustentar su pensión por jubilación por edad avanzada, Josefina «N» ex secretaria particular de la ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos, fue vinculada a proceso por el delito de Fraude Procesal.
Ante los contundentes datos de prueba y la sólida argumentación de la Fiscalía Anticorrupción, una juez determinó vincular a Josefina “N”, quien presuntamente al solicitar su pensión ante el Congreso de Morelos, manifestó bajo protesta de decir verdad que contaba con 61 años de edad, así como 10 años de servicio efectivo.
Josefina «N» dijo haber trabajado en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata y el DIF Morelos, y presentó una supuesta constancia laboral por seis años de servicio en el Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos.
También entregó una constancia de ocupación del cargo de secretaria particular adscrita a la presidencia del DIF Morelos de 2 de octubre de 2012 a febrero de 2017, así como la constancia de ingresos a razón de 33 mil 703 pesos mensuales, con lo que consiguió una pensión de casi 19 mil pesos mensuales.
Al considerar que se contaban con los datos de prueba contundentes y suficientes, la jueza determinó vincular a Josefina «N» por Fraude Procesal, al considerar que este delito subsume los delitos de Uso de Documento Falso y Abuso de Autoridad.
A solicitud del agente del Ministerio Público, la juzgadora otorgó tres meses de plazo para el cierre de Investigación.
De acuerdo con el artículo 20 constitucional, toda persona imputada tiene derecho «A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa».
