***El fiscal señaló que tiene la notificación de la FGR que aprobó los examenes de control y confianza.
***Negó investigación por terrorismo y acopio de armas, por lo que la SEIDO no tendría por qué intervenir.
Morelos/Verónica Bacaz
El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara se defendió de las acusaciones hechas desde la cámara de diputados, en el que se anunció a través de un diputado de Morena que se le pretende iniciar un juicio de desafuero, a petición de la Fiscalía General de la República, hecho que consideró un asunto de carácter político, pues dicha petición se inició porque supuestamente no aprobó los examenes de control y confianza para ocupar el cargo.
Uriel Carmona detalló que la denuncia que se le inició es por ejercicio indebido del servicio público y no por terrorismo y/o acopio de armas, por lo que insistió que se trata de un asunto electoral.
La Fiscalía General del Estado, cuenta con una autonomía constitucional, cuya función primordial, es la persecución de los delitos como una de las necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en general, contando con autonomía financiera, independencia en su estructura orgánica y facultad reglamentaria, cumpliendo con ello, las funciones elementales del Estado Mexicano, sin filias ni fobias.
La justicia no tiene precio político, pero cierto es que la política puede contribuir a fortalecer o debilitar la procuración de la justicia en los estados y en el país.
Desde nuestra autonomía y en el ámbito de nuestra competencia, hemos sido y seguiremos siendo aliados de las instituciones federales y estatales.
En la Fiscalía siempre se ha comprendido que las declaraciones de rechazo contra la violencia hacia las mujeres, no sirven de nada si no actuamos con la oportunidad debida para acabar con la desesperanza y el miedo que paralizan a muchas mujeres, por ello seguiremos trabajando en la representatividad de este importante sector de la sociedad, así como garantizar el acceso a la procuración de justicia de todos los ciudadanos y con mayor atención a los sectores vulnerables en el Estado de Morelos.
En distintos medios de comunicación y redes sociales, se ha difundido la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del Fiscal General del Estado de Morelos, realizada a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).
La información contenida en las publicaciones, ha generado diversas opiniones y suposiciones, al carecer de datos precisos sobre los señalamientos en contra del Fiscal Morelense, por lo que se ha generado desinformación y juicios “a priori”.
Durante estos casi tres años al frente de la Fiscalía, he correspondido a la alta responsabilidad que me confirió el Congreso del Estado, sin que en ningún momento se me haya señalado por delitos que tengan que ver con delincuencia organizada ni muchos menos con terrorismo, acopio o tráfico de armas.
He recibido la notificación oficial por parte de la Cámara de Diputados Federal sobre el procedimiento iniciado en mi contra, mismo que se deriva por la supuesta falta de mis exámenes de control de confianza, y con ello, presuntamente se estaría realizando un ejercicio indebido de la función pública.
Quiero dejar muy en claro que cuento con el examen de control de confianza, mismo que presenté y aprobé en cumplimiento al artículo 40, fracción XV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, precisando que de la puntual interpretación de dicha norma jurídica, de ninguna manera se infiere que debí realizar la evaluación antes de mi designación sino con posterioridad a esta, tal cual sucede con mis pares de las demás entidades federativas.
Al momento de haber sido designado como Fiscal General del Estado, en el mismo mes de febrero del año 2018, inicié la programación de mis evaluaciones ante la Dirección de Control de Confianza del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, donde al cumplir con los procedimientos respectivos, presenté y aprobé satisfactoriamente los exámenes, de lo cual fui notificado por la propia Fiscalía General de la República.
Por lo anterior, resulta “inusitado” que la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SubrocuraduríaEspecializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Fiscalía General de la República, haya presentado a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una solicitud de declaración de procedencia en contra del suscrito por la supuesta responsabilidad penal como Fiscal General del Estado de Morelos.
Queda de manifiesto que el señalamiento por la supuesta falta de exámenes no es de competencia de la SEIDO, justamente porque no tiene que ver con delincuencia organizada ni mucho menos con terrorismo, acopio o tráfico de armas.
Al pretender impulsar un desafuero desde el Congreso de la Unión, se estaría buscando sustituir la competencia del Congreso Local, implicando con ello un atentado a la soberanía de ese poder en el Estado de Morelos.
Lo infundado de las acusaciones quedará en el análisis de la Cámara de Diputados del Congreso Federal, sin perder de vista que lo que está en juego es la institución del Ministerio Público del Estado de Morelos, evitando que se atente contra su autonomía constitucional en desprecio del Estado de Derecho que enarbola el Pacto Federal, que permite la gobernabilidad en los estados y el país.
“Reitero mi posición de respeto a las instituciones y estaremos enfrentando el proceso por la vía jurídica, observador de los preceptos de legalidad y justicia a los que todos los mexicanos estamos obligados”, sentenció el fiscal.
