***Lo anterior, por iniciar la reapertura de actividades económicas y sociales en pleno semáforo rojo y con más de dos mil contagios
Por: Verónica Bacaz
La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional 92/2020 que el Gobierno del Estado de Morelos presentó en contra de los alcaldes de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán y el de Cuautla, Jesús Corona Damián, esto después de que el pasado 25 de junio el edil capitalino determinó la apertura económica y social de la ciudad, en pleno semáforo rojo, con más de 2 mil contagios de COVID-19 y con más de 600 decesos.
Al respecto, el consejero jurídico de Gobierno del Estado, Samuel Sotelo Salgado explicó para Presente Morelos, que esta controversia refiere que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo como máxima autoridad de salud y, ante un evento de esta naturaleza, acudió a la corte a través del consejero jurídico, “velando por la salud de los morelenses, toda vez que el color del semáforo no ha cambiado y el estado se alienó a la federación”, resaltó.
Sotelo Salgado agregó que estas fueron presentadas el pasado 24 de este mes, ya han sido admitidas, por tanto, dijo se está a la espera de que los ministros se pronuncien respecto a la suspensión solicitada, y de concederse, en su caso los efectos de esa suspensión.
“La corte puede ordenar que dé marcha atrás el municipio en su determinación o también avalar lo acordado. Si acaso concede la suspensión para que las cosas vuelvan a como estaban antes, es decir, que todavía no se reinicien las actividades y nose acata esta suspensión, entonces sí hay consecuencia que puedan llevar incluso a la destitución”, explicó.
Ambos alcaldes decidieron abrir a las actividades económicas, a pesar de que el pico de contagios por COVID-19 en Morelos, estaba en lo más alto, incluso justo el fin de semana se presentaron más de 100 decesos y más de 80 contagios, durante la semana del 25 de junio los pacientes diagnósticados positivos eran una constante.
En tanto, en los próximos días la SCJN determinará si los alcaldes que hicieron caso omiso al llamado de gobierno del Estado, de no abrir las actividades esenciales, tienen la razón, o bien el Ejecutivo estatal es quien la tenga.
