Por: Verónica Bacaz
En Morena hablan de austeridad Republicana, de cercanía con el pueblo, de vivir en la “justa medianía”. Pero en Morelos, una vez más, la realidad se estrella de frente con el discurso. Y el caso del hoy diputado local y coordinador de la bancada morenista, Rafael Reyes Reyes, es un ejemplo que no admite matices.
Porque no estamos hablando de percepciones, ni de grillas, ni de ataques políticos sin sustento. Estamos hablando de documentos oficiales del Registro Público de la Propiedad que evidencian cómo, en menos de un año, Reyes Reyes se hizo de dos propiedades de alto valor mientras ejercía como presidente municipal de Jiutepec.
La primera adquisición fue en junio de 2022: un departamento en una de las zonas más exclusivas de Cuernavaca, dentro del complejo residencial de Plaza Averanda, en la colonia Del Lago. Un inmueble valuado en 3.7 millones de pesos, escriturado ante notario 16 Gregorio Alejandro Gómez Maldonado y pagado en agosto de ese mismo año.
Aquí es donde comienza la pregunta incómoda —pero necesaria—: ¿de dónde salió ese dinero?
Porque no se trata de satanizar el éxito económico. Nadie cuestiona que empresarios, artistas o profesionistas consolidados puedan acceder a propiedades de ese nivel. El problema es cuando ese nivel de vida aparece de golpe en un servidor público, en un estado donde la mayoría de la población apenas puede aspirar a un crédito de Infonavit o a una vivienda de interés social, como las que anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum, del Bienestar, y eso tras años de esfuerzo.
Morelos no es una entidad donde los sueldos públicos permitan, de manera transparente y lógica, adquirir departamentos de lujo en cuestión de meses. Y menos aún cuando no existe una explicación clara, pública y verificable sobre el origen de los recursos.
Pero el caso no termina ahí.
En febrero de 2023, Rafael Reyes concretó la compra de una segunda propiedad, ahora en las inmediaciones del exclusivo fraccionamiento Sumiya. Un desarrollo conocido por albergar a personajes de alto perfil económico y político. El terreno, inicialmente valuado en más de un millón de pesos, terminó convirtiéndose en una propiedad cercana a los 3 millones tras su edificación.
Dos propiedades. Menos de un año. Millones de pesos. Y un silencio que pesa.
Mientras tanto, su paso por el Ayuntamiento de Jiutepec dejó algo más que dudas patrimoniales. Dejó también una estela de señalamientos que hablan de una forma de gobernar que dista mucho de la ética que Morena presume contra el nepotismo y la corrupción.
Ahí está el caso de su círculo cercano. La designación de su cuñado, David Iván Ortiz Muñoz, como suplente al frente del Ayuntamiento de Jiutepec en 2024, no es menor: es el clásico movimiento para “cuidar la plaza”. El poder no solo se ejerce, se resguarda… y se hereda entre los cercanos.
Y si eso no fuera suficiente, también están los episodios que rozan lo absurdo pero reflejan prácticas profundamente preocupantes. Como la adquisición de un vehículo Jetta 2013 a través del sistema de agua potable municipal a su propio cuñado David Iván, que posteriormente fue promocionado en redes sociales. Un hecho que, por sí mismo, debería haber encendido todas las alertas institucionales cuando el vehículo ya portaba los rótulos de la dependencia municipal.
Pero hay más.
Proveedores sin pagar. Medios de comunicación con facturas pendientes en miles y hasta millones de pesos. Prestadores de servicios a los que se les prometió cubrir adeudos “cuando llegaran las participaciones federales”. Una promesa que, según múltiples versiones, nunca se cumplió.
La historia se repite en espacios privados que terminan siendo financiados —o intentan serlo— con recursos públicos. En un conocido hotel-hacienda de la zona de Atlacomulco, donde el entonces alcalde sostenía reuniones, desayunos, citas y acuerdos políticos, la constante era la misma: pedir que la cuenta se facturara al Ayuntamiento Jiutepequense. El problema es que, como con muchos otros, el pago simplemente no llegaba.
Así opera una forma de poder que combina privilegio, discrecionalidad y, sobre todo, impunidad.
Porque mientras los ciudadanos enfrentan inflación, salarios bajos y un acceso cada vez más complicado a la vivienda, algunos políticos parecen vivir en una realidad paralela donde los millones aparecen sin explicación y las deudas se convierten en anécdotas incómodas.
Hoy, Rafael Reyes no es un funcionario menor. Es el coordinador de Morena en el Congreso local. Es operador político. Es aliado de la gobernadora. Es, en teoría, uno de los rostros de la transformación en Morelos.
Por eso la exigencia es mayor.
No basta con el silencio. No basta con evadir. No basta con confiar en que el tema se diluya con el paso de los días.
La pregunta sigue ahí, intacta y cada vez más fuerte:
¿Puede un representante de la “austeridad republicana” explicar, de manera clara y creíble, cómo en menos de un año pasó a formar parte del exclusivo club inmobiliario de Morelos?
Porque si no hay respuesta, entonces lo que queda no es duda… es evidencia política de una contradicción que Morena ya no puede seguir ignorando.
