Por: Gibran Haro
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Morelos enfrenta una grave crisis que ha puesto en riesgo el funcionamiento adecuado del sistema judicial en el estado.
El problema comenzó cuando un grupo de magistrados decidió destituir al presidente del TSJ, Luis Jorge Gamboa Olea, y nombrar en su lugar a Juan Gabriel Vargas Téllez. Esta decisión generó controversia porque se tomó durante una sesión que Gamboa Olea había suspendido, argumentando que no había condiciones para continuar. A pesar de ello, algunos magistrados reanudaron la sesión por su cuenta y tomaron decisiones que el ahora expresidente del TSJ considera ilegales.
Esta crisis no es nueva. Desde hace meses, el Tribunal ha estado envuelto en conflictos internos relacionados con el nombramiento de jueces y acusaciones de corrupción. Incluso, magistrados se reunieron en octubre pasado con la gobernadora Margarita González Saravia para exponer estos problemas y buscar soluciones.
¿Quiénes son los más afectados?
Los principales perjudicados son los ciudadanos de Morelos, ya que esta situación afecta directamente el acceso a la justicia. Los juicios podrían retrasarse, las resoluciones importantes se verán estancadas y el clima de incertidumbre debilita la confianza en las autoridades judiciales.
Además, surge una pregunta clave: ¿quién firmará la nómina del personal del Tribunal con esta parálisis institucional? La falta de claridad sobre quién ocupa legalmente la presidencia del TSJ podría poner en riesgo el pago de salarios a jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, generando aún más inestabilidad en el sistema.
El conflicto interno en el TSJ no solo daña la imagen del Poder Judicial, sino que también abre la puerta a que aumenten los casos de impunidad, afectando a personas que esperan una resolución legal para sus problemas.
Es fundamental que los magistrados logren un acuerdo basado en la ley y en el bienestar de la sociedad. La ciudadanía necesita un sistema judicial que funcione con transparencia, imparcialidad y eficiencia, pues sin esto, la justicia se vuelve solo una promesa incumplida.
¿Es legal esta designación?
La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos establece en su artículo 35, fracción III, que para remover al presidente del TSJ se requiere una sesión de pleno válida, la cual debe cumplir ciertos requisitos:• Convocatoria formal. • Quórum legal suficiente (la mayoría de los magistrados en funciones). • Desarrollo conforme al procedimiento establecido en la ley.
Por otro lado, si los magistrados que reanudaron la sesión lograron acreditar que existían las condiciones legales para continuar , y que se cumplió el quórum y el procedimiento adecuado, la designación podría tener sustento jurídico.
Conclusión
El conflicto legal se centrará en si la sesión donde se designó a Vargas Téllez cumplió con los requisitos legales o si fue una acción arbitraria. Es probable que este caso termine en instancias judiciales superiores (Justicia Federal), para determinar la validez de la destitución y el nombramiento. Mientras tanto, la incertidumbre podría afectar la operatividad del Tribunal, la Justicia pronta y expedita para los Ciudadanos Morelenses, incluso temas delicados como la firma de la nómina del personal.
