Vía: EL GUARDIÁN MX
Por: Carlos Quintero
La explosión de un transformador en junio pasado, que dejó sin energía a la Ciudad Judicial de Atlacholoaya y al Centro de Reinserción Social (CERESO) Morelos, destapó presuntas irregularidades en el sistema fotovoltaico inaugurado en abril.
El entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Luis Jorge Gamboa Olea presumió la obra, con un costo de 3 millones 264 mil pesos, prometía un ahorro superior al 80% en el consumo eléctrico del complejo judicial, pero falló en el momento más crítico.
El actual presidente del TSJ, Juan Emilio Elizalde Figueroa, confirmó que la Dirección de Administración realiza una auditoría ordenada por el Congreso para esclarecer las causas de la falla y evaluar la gestión de su antecesor.
“La Dirección de Administración está abocada a ver qué fue lo que sucedió y en breve estaremos en condiciones de dar una información más precisa de lo que resulte”, declaró en breve entrevista, manteniendo reserva sobre los avances.
La auditoría, impulsada por el Congreso del Estado, revisará no solo el funcionamiento del sistema de paneles solares, sino también la ejecución del contrato, la instalación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.
“Los resultados son los que nos van a decir con claridad qué se hizo bien o mal… lo único que nos compete es esperar las conclusiones de los especialistas”, señaló Elizalde.
El estallido del transformador dejó al descubierto que el sistema fotovoltaico, diseñado para garantizar autonomía energética y reducir costos, no operó como respaldo en la contingencia, cuestionando la viabilidad técnica del proyecto y el manejo de los recursos públicos.
Hasta el momento, no se ha fijado una fecha para la presentación del informe final.
El caso pone en entredicho uno de los proyectos emblemáticos de modernización energética del Poder Judicial morelense, abriendo la puerta a posibles responsabilidades administrativas o incluso penales si se comprueban irregularidades en su ejecución.
