Por: Verónica Bacaz
La CDHM en Morelos emitió una recomendación a la secretaría de gobierno estatal, para que se realicen acciones afirmativas y fijar una postura entorno a la defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT, después de que el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro Castro en su discurso señaló que la pandemia del COVID-19, es consecuencia de la homosexualidad, el aborto, la violencia y la corrupción.
“Los derechos humanos violentados, sobre los que versa esta recomendación tiene que ver con la omisión de promover, proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos de la comunidad LGBTTQ ante el discurso del 22 de marzo de este año, en una misa dominical donde el jerarca de la religión católica (Ramón Castro), quien declaró que la pandemia de COVID-19 es un grito de Dios a la humanidad ante el desorden social, por el aborto, la violencia, la corrupción y la homosexualidad”, explicó el presidente de la comisión, Raúl Israel Hernández Cruz.
El Ombudsperson explicó que si bien no se puede fijar una sanción o multa al jerarca católico, por usar la tribuna de la Catedral de Cuernavaca, para emitir un discurso discriminatorio, se debe atender y escuchar a los miembros de este sector así como abrir un expediente que proteja a esta minoría y se evite que esto vuelva a ocurrir.
Y es que, en este caso, dijo, no se puede asumir una posición neutral, pues está marcado en la constitución que se deben defender los derechos de estos grupos y, el callarse se presumiría una postura a favor de la declaración del representante de la iglesia católica en Morelos.
“Necesitamos una autoridad que no sea simplemente espectadora, porque el guardar silencio avala o respalda la declaración del Obispo”, insistió Raúl Hernández.
Además, dijo que si bien los agraviados no mencionaron la referencia que hizo Ramón Castro, al aborto, si no únicamente la violación a la Libre Identidad, la CDHM incluyó también este fragmento del discurso del Obispo, en donde violenta los derechos a que las mujeres decidan sobre su cuerpo.
“Frente al discurso y la actuación de la autoridad hay dos situaciones de contenido constitucional, la primera es si bien es cierto que todos los ministros de culto tienen una libertad ideológica y de externar sus pensamientos, lo que respetamos dentro de los parámetros constitucionales, lo cierto es que también ellos tienen un límite en la manera en que puede expresar estos mensajes, que no son un invento de la comisión, está plasmado en el artículo 130 constitucional, por tal situación ese pronunciamiento no tiene cabida”, abundó.
Por último, Hernández Cruz reiteró que este discurso debió promover una acción del gobierno estatal, para hacer efectivo el principio de no discriminación por razones de género, por lo que al no hacerlo, tanto la dirección general de Derechos Humanos y la dirección de Asuntos Religiosos adheridos a la secretaría de gobierno, que encabeza Pablo Ojeda Cárdenas, incurrieron en una omisión que se tradujo en una violación a los derechos humanos.
“Consideramos que frente a este tipo de declaraciones, que los grupos que han sido maltratados y anulados en sus derechos, necesitamos una autoridad que no sea simple espectador”, concluyó.
