***El juez impuso prisión preventiva contra el director de Protección Civil
***El juez de control Eddie Sandoval Lomé en audiencia refirió que el edil no tenía fuero y podía ser juzgado como cualquier ciudadano, en el intento de la defensa del edil por diferir la audiencia
Morelos/ Verónica Baca
La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción esta tarde logró que se le formulara imputación por cohecho al presidente municipal de Cuernavaca, Francisco Villalobos Adán y a su director de Protección Civil, Gonzalo Barquin Granados, por presuntamente exigir la cantidad de 200 mil pesos a un empresario para dejarlo operar su negocio, mismo que los denunció en agosto pasado.
Los empresarios denunciaron al alcalde Villalobos, ante la FECC, por presuntamente exigir la cantidad mencionada para poder abrir en julio de este año y, al no cumplir con lo solicitado, a pesar de que las víctimas habrían hecho todos los trámites para adquirir la licencia de funcionamiento, el área de Obras Públicas del municipio colocó los sellos de clausura.
Al medio día de este viernes, se llevó a cabo la audiencia de imputación en los juzgados instalados en las inmediaciones del Centro de Reinserción Social (Cereso) en el poblado de Atlacholoaya, en el municipio de Xochitepec, en donde incluso el edil recurrió al acarreo de vecinos de algunas colonias de la capital morelense para “echarle porras”.
Durante la audiencia, los asesores jurídicos del edil, encabezados por Jesús García Águilar intentaron detener el proceso “por no tener bien preparada la defensa”, con argumentos como el fuero que, anteriormente protegía a funcionarios, a través de una formulación de causa que había solicitado la fiscalía al Congreso del Estado y la supuesta tramitación de un amparo.
Por lo que el juez Eddie Sandoval Lomé calificó como “ociosos y dilatorios” los recursos que utilizaron para diferir el proceso, por lo que apercibió y multó a los abogados por no ser objetivos y dilatar el asunto.
En tanto, el juez les señaló que tal como lo explica claramente el artículo 136 de la Constitución local, que el alcalde puede ser juzgado sin que los diputados tengan que intervenir, por tanto no se requería la declaratoria del Legislativo, como insistió la defensa de Francisco Villalobos.
“Usted no tiene fuero, usted tiene que responder como cualquier ciudadano, así al igual que los magistrados”, aseveró Eddie Sandoval.
Por tanto, Sandoval Lomé les recordó a los abogados que no había impedimento legal para suspender o dilatar la audiencia, pues si bien la Fiscalía Anticorrupción cometió un error al solicitar la formación de causa, es decir, el desafuero, Villalobos Adán puede enfrentar a la justicia, sin tener que dar lugar a un amparo.
De igual modo, les dijo que si no tenían conocimiento de su trabajo, los separaría del caso.
Mientras tanto, la agente de Ministerio Público, narró los versiones y/o pruebas que señalan al edil de actos de corrupción, entre los que se encuentran propios inspectores del Ayuntamiento de Cuernavaca quienes se acogieron al criterio de oportunidad y habrían testificado que el edil y el director de Protección Civil Municipal, eran los que presuntamente les habían ordenado solicitar dicha cantidad al propietario de dicho establecimiento, Cristian Isaias Contreras Luna.
La Fiscalía Anticorrupción otorgó como pruebas los testimonios de los inspectores, en los que se refiere que el actual director de Protección Civil, Gonzalo Barquin es quien se encargaba de operar a favor del edil, y establecer los montos a cobrar a todos los comerciantes.
Es decir, cada inspector debía entregar mil 200 pesos semanales, por lo que tenían que solicitar a los negocios pequeños “para el refresco” una cantidad entre 100 y 200 pesos, pero, cuando se tratará de un establecimiento más grande, los empresarios tenían que presentarse directo ante Gonzalo “N” porque presuntamente con él se negociarían las cantidades.
Asimismo, la MP narró los testimonios de los inspectores, al momento en que un directivo de apellido Mariaca los obligaba a presionar a los comerciantes y como “traían hambre contra el negocio del autocinema” a tal grado que enviaron todo tipo de supervisión, desde Protección Civil hasta las brigadas de Salud para corroborar que se cumplieran las medidas de prevención del COVID-19.
Sin embargo, después de varias horas, el juez determinó medidas cautelares, es decir, el alcalde no podrá presentarse al edificio “Papagayo” que es donde está la sede del ayuntamiento ni a la víctima; podrá ejercer sus funciones pero sin presentase en la sede municipal.
En tanto, Sandoval Lomé también determinó prisión preventiva contra Gonzalo Barquin, director de Protección Civil, debido a que presuntamente su personal de seguridad habría amenazado a la víctima, pero debido a que fue funcionario del Cereso de Atlacholoaya, será enviado a un área destinada a funcionarios procesados.
