***Abogados solicitaron suspensión de la nueva tarifa y que, mientras se resuelve el juicio, continúe vigente el costo anterior
Una ciudadana promovió un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para impugnar el acuerdo mediante el cual se autorizó el incremento a la tarifa del transporte público en la entidad y solicitó, como medida cautelar, que se suspenda su aplicación mientras se resuelve el fondo del procedimiento informaron los abogados Carlos Gibran Haro Álvarez y Carlos César Antonio Ramírez Díaz representantes del despacho Asesoría Jurídica Especializada.
Con base en el acuse de recepción del Tribunal, el escrito de demanda fue presentado el 10 de agosto de 2026, ante la Oficialía de Partes Común.
La demanda fue presentada contra diversas autoridades, entre ellas Jorge Alberto Barrera Toledo, titular de la Coordinación General de Movilidad y Transporte del Estado de Morelos; Margarita González Saravia, gobernadora del estado; y Edgar Antonio Maldonado Ceballos, secretario de Gobierno y director del periódico oficial Tierra y Libertad.
La parte promovente cuestiona la legalidad del acuerdo que autorizó el incremento tarifario y sostiene que existen posibles irregularidades administrativas que deben ser revisadas por la autoridad jurisdiccional.
Entre los argumentos planteados se señala la presunta existencia de vicios de legalidad, entre ellos la falta de una motivación reforzada, una modificación sustancial del acto mediante una fe de erratas y una posible contradicción entre el incremento tarifario y la reforma al artículo Octavo Transitorio de la Ley de Movilidad.
Piden suspender el aumento
Como parte de la demanda, se solicitó al Tribunal la suspensión de la ejecución del acto impugnado, con fundamento en los artículos 109, 110, 111 y 112 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.
El objetivo es que, mientras se resuelve el juicio, las autoridades se abstengan de aplicar a la promovente el incremento tarifario autorizado.
La defensa argumenta que existen elementos de “apariencia del buen derecho” y “peligro en la demora”, debido a que el aumento representa para los usuarios un gasto adicional y continuo para acceder a un servicio considerado indispensable, destacaron.
Sin embargo, la petición va más allá del beneficio individual de la demandante. En el escrito se solicita que la suspensión tenga efectos generales, bajo el argumento de que el acuerdo impugnado es de carácter administrativo general y produce efectos sobre la totalidad de los usuarios del transporte público en Morelos.
La solicitud plantea que, de concederse la medida, se suspenda de manera general la nueva tarifa y se mantenga temporalmente el costo que estaba vigente antes del incremento, hasta que el Tribunal emita una resolución.
El documento sostiene que resultaría innecesario que cada usuario del transporte público tuviera que presentar una demanda independiente contra el mismo acto administrativo.
La firma Asesoría Jurídica Especializada Firma Legal, que representa a la promovente, señaló que la acción busca que el Tribunal analice la legalidad del incremento y, en su caso, determine si procede suspender sus efectos.
Hasta el momento, la presentación de la demanda no significa que el aumento haya sido suspendido, pues corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa analizar la solicitud de medida cautelar y determinar si resulta procedente.
La firma jurídica sostuvo que confía en que el órgano jurisdiccional resuelva con imparcialidad y estricto apego a Derecho, al considerar que las decisiones que impactan directamente en la economía de miles de familias morelenses también deben sujetarse a las formalidades y requisitos establecidos por la ley.
