Morelos/Verónica Bacaz
Empresarios adheridos al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) interpusieron amparos en juzgados federales para impedir que se haga válida la Ley de Videovigilancia aprobada recientemente por el Congreso del Estado y que de ponerse en marcha, grabaría conversaciones privadas tanto en comercios, restaurantes e incluso instituciones bancarias.
Los amparos buscan impedir que esta ley vulnere la privacidad de datos personales, por lo que también interpusieron una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos para frenar que esta ley, que además no fue consensada con el sector, se aplique.
En rueda de prensa, Ángel Adame Jiménez, presidente del organismo empresarial, anunció que las 18 cámaras y agrupaciones que integra al CEE, optaron por la vía jurídica para frenar la aplicación de dicha ley, que fue aprobada el pasado 12 de agosto, sin que mediara consensos o estudios jurídicos previos, obliga a los empresarios, prestadores de servicio y comerciantes, a invertir en dichos equipos, grabar a sus clientes, aún incluso en conversaciones privadas, y hasta entregar listados de información personal de los trabajadores de cada comercio, empresa o centro.
Además, indicó, la autoridad, en este caso la Fiscalía General del estado (FGE) ò la Comisión Estatal de Seguridad (CES) puede solicitar a los particulares una copia de dichas grabaciones, sin que medie una orden o una justificación judicial.
Antonio Sánchez Purón, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), informó que además de las cuatro amparos interpuestos, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos (CDHM) inició también un recurso de inconstitucionalidad, ya que los procesos legislativos utilizados para la creación de dicho ordenamiento, también invadieron esferas de acción pertenecientes al Congreso federal, abundó el titular del órgano defensor de derechos humanos, Raúl Israel Hernández Cruz.
“Se considera que el proceso legislativo no fue legal, entre otras cuestiones, por no existir una deliberación de su estructura, lineamientos y alcances con todos los diputados y con la ciudadanía. Se considera que fue impuesta, votada y aprobada en una sola sesión”, expresó a nombre de la Canaco, Cmic, Adiem-Comparmex, Canacintra, Canaco, Apamab, Canirac, Amda, entre otras.
En el pronunciamiento realizado por el conglomerado de representantes comerciales, industriales, empresariales y de servicios, compuesto de seis puntos, se deja claro que la LVV, atenta contra las comunicaciones privadas, impone adecuaciones a las leyes y reglamentos municipales, invade jurisdicciones y carece de certeza en su aplicación.
Finalmente, Samuel Muciño, presidente de la Asociación de Industriales (Adiem) aseguró que la seguridad pública es de interés común, pero el tema que en el que no pueden transigir, es de la calidad de las reglas de la nueva ley.
