Por: Carlos Tercero
En un entorno de libertad de expresión, es válido que surjan voces que sugieran desconfiar de los medios de comunicación o de las redes sociales, o incluso limitar las fuentes a través de las cuales la sociedad se informa. Más allá de la intención con la que se formulen esas recomendaciones, el planteamiento abre un debate mucho más relevante que cualquier coyuntura política. La discusión no gira en torno a la credibilidad de un medio, una plataforma digital o un gobierno en particular, sino sobre uno de los principios esenciales de toda democracia: el derecho de las personas a informarse libremente y formar su propio criterio. Ese derecho adquiere hoy una relevancia especial, porque nunca antes había existido tanta información disponible y, al mismo tiempo, nunca había sido tan complejo distinguir entre hechos, opiniones y desinformación.
La velocidad con la que circulan los contenidos digitales y el acceso prácticamente en tiempo real a los acontecimientos cotidianos han multiplicado las posibilidades de participación ciudadana, pero también han facilitado la propagación de noticias falsas, campañas de manipulación y narrativas polarizantes. Frente a esa realidad, la respuesta no puede consistir en reducir las fuentes de información de la sociedad, sino en fortalecer su capacidad para analizarlas críticamente.
Las democracias modernas descansan sobre una ciudadanía informada y solo pueden fortalecerse en la medida en que promueven el pensamiento crítico. El voto libre, la participación ciudadana y la rendición de cuentas solo adquieren sentido cuando las personas pueden acceder a distintas perspectivas, contrastar versiones y evaluar por sí mismas el desempeño de quienes ejercen el poder. Limitar, descalificar o desalentar determinadas fuentes de información puede parecer una respuesta sencilla frente a la desinformación, pero termina debilitando uno de los pilares fundamentales de la vida democrática.
Las democracias más sólidas no son aquellas donde existe una sola versión de la realidad, sino aquellas donde conviven múltiples voces bajo la protección de la libertad de expresión y el principio de máxima publicidad; teniendo claro que la pluralidad no garantiza que toda información sea verdadera, pero sí permite que las ideas se confronten, que los errores se corrijan y que las decisiones públicas sean objeto de escrutinio permanente. El abrir espacios para responder preguntas, sostener el diálogo con la prensa y mantener canales directos de comunicación con la ciudadanía refleja precisamente esa concepción democrática del ejercicio del poder. Esta práctica no elimina las diferencias políticas ni las críticas, pero reconoce que el debate público forma parte inherente del ejercicio democrático, donde la desinformación se combate con información y la crítica se responde con argumentos.
De igual manera, ningún gobierno ni instancia encargada de la comunicación institucional debería caer en la tentación de presionar, vetar o excluir a periodistas por resultar incómodos o críticos. La confianza social no se construye con medios complacientes, sino con periodistas capaces de cuestionar, investigar y señalar aquello que consideran relevante para la sociedad. Cuando un medio o comunicador es objeto de presiones para abandonar un espacio informativo, el problema trasciende y alcanza al espacio público, limitando la diversidad de voces e inhibiendo el periodismo libre. En ello, los medios de comunicación tienen la compleja tarea de no ceder ante presiones políticas por conveniencia, dependencia económica o temor al conflicto, ya que debilitan su autonomía y empobrecen el debate público. La crítica, incluso cuando resulta adversa o incómoda para el poder, no representa una amenaza para la democracia; constituye una de sus expresiones más necesarias.
Políticos y gobernantes harían bien en recordar que el poder público es temporal. En la mayoría de los casos, los cargos tienen una duración limitada de tres o seis años, mientras que el periodismo trasciende administraciones y coyunturas; además, los periodistas podrán cambiar de medio, plataforma o espacio de trabajo, pero difícilmente cambiarán de profesión. Por supuesto que la libertad de informarse no garantiza decisiones siempre correctas, pero sí decisiones libres; pues finalmente no se trata de que todos piensen igual, sino de que todos tengan la libertad y las herramientas para pensar por sí mismos.
Carlos Tercero
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