Jiutepec, Morelos.— La evidencia documental sobre el manejo de materiales para obras por coparticipación en 2024 en Jiutepec perfila un presunto daño patrimonial, tras detectarse inconsistencias relevantes en los registros de insumos destinados a infraestructura básica.
Con base en los concentrados de obra adquiridos a través de solicitudes de transparencia en poder de Presente Morelos, se identifica un faltante de materiales para construcción valuado en más de $1,005,368 pesos, correspondiente a insumos no comprobados dentro de los registros de entrega, particularmente arena, grava y cemento.
El análisis de los reportes revela además inconsistencias graves en volumen y control de materiales. En el concentrado general se observan 545.38 metros cúbicos de arena y 794.37 metros cúbicos de grava como parte de los diferenciales registrados, lo que evidencia un desfase entre lo programado, lo entregado y lo realmente aplicado en obra en varias colonias de Jiutepec, en dicho ejercicio legislativo.
A ello se suma un bloque adicional de materiales pendientes de entrega con un valor aproximado de $808,816 pesos, así como registros con cifras negativas en el apartado de “pendientes”, lo que apunta a posibles irregularidades o, en su caso, a un manejo deficiente en la administración de los insumos.

Este presunto desorden se registró en un año en el que la administración municipal estuvo dividida, primero bajo la gestión del entonces alcalde Rafael Reyes Reyes (quien se reeligió en el cargo) y posteriormente bajo la operación de su cuñado, David Iván Ortiz Muñoz, luego de que Reyes solicitara licencia para contender por una diputación local por Morena, cargo que actualmente ocupa como legislador y coordinador de la bancada de la llamada cuarta transformación en el Congreso local.
Las afectaciones alcanzan a diversas colonias del municipio, entre ellas Ampliación Vicente Guerrero, Centro de Jiutepec, Cerro de la Corona, Valle Verde y Loma Bonita, donde habitantes participaron en esquemas de coparticipación sin que las obras se concretaran en su totalidad.
En conjunto, los datos reflejan un patrón de opacidad en el manejo de materiales destinados a obra pública, donde los recursos ejercidos no se tradujeron en beneficios reales para la población y hoy son urgentes para el Bienestar de las familias.

Por la magnitud de los montos, las inconsistencias detectadas y el impacto directo en la ciudadanía, al cierre de este análisis se vuelve indispensable la intervención de instancias fiscalizadoras como la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) (la cual difícilmente actuará porque depende del Legislativo local) y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a fin de esclarecer el destino de los recursos, deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar cualquier irregularidad.
Se tiene considerado que la Fiscalía Anticorrupción en Morelos no podría intervenir, dado los favores políticos que el actual fiscal podría enfrentar al morenista Reyes Reyes, porque este operó a favor de que estuviera en la terna del fiscal general que se propuso en febrero de 2025 para destituir a Uriel Carmona Gándara y donde finalmente quedó al frente Edgar Maldonado Ceballos, actual secretario de gobierno de la administración de Margarita González Saravia.



