La identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, por lo que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, la tortura, los malos tratos, y los derechos a la salud, a la educación, al empleo, a la vivienda, a la seguridad social, y a la libertad de expresión y de asociación.
Desde la presidencia de la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual reprobamos la negativa de 10 diputados de avanzar en favor de la identidad de género, como un derecho decretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en favor de la comunidad transgénero.
Este martes, durante el desarrollo de la sesión ordinaria de Pleno del Congreso del estado un grupo de diputados votó por regresar a la ‘congeladora’ el dictamen de reforma al Código Familiar para el Estado de Morelos bajo un argumento legal inválido.
Basada en un análisis jurídico amplio sobre el tema, la Comisión de Atención a la Diversidad Sexual dictaminó el proyecto de decreto para reformar exclusivamente el Código Familiar para el Estado de Morelos, con el objetivo de facilitar el cambio de identidad de género para ajustarlo a la realidad social de cada persona, mismo que se sometió a la consideración de sus integrantes para su aprobación y para dar turno a Pleno donde se votaría este día.
La diputada del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, impulsó este rechazo a un dictamen incluyente, que sólo buscaba garantizar el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su identidad, mediante el argumento de que el Congreso de la Unión es el único facultado para legislar en la materia procesal familiar y civil, cuando el dictamen en comento no incluía una reforma Código Familiar Procesal.
Desde la presidencia Comisión de Atención a la Diversidad Sexual adelantamos a la comunidad LGBTTI+ que vamos a seguir impulsando el dictamen hasta que en Morelos sea una realidad la denominada «Ley de Identidad de Género».
El Estado debe garantizar a las personas que puedan ejercer sus derechos sin verse obligadas a detentar otra identidad que no representa su individualidad, lo que, además, podría generar la violación de otros derechos humanos.
