La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó la recomendación general 42/2020 “Sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas con VIH y sida en México”.
Exhortó a las instituciones de salud a redimensionar planes, programas, políticas públicas, presupuestos y acciones.
En los últimos 9 años, se han vulnerado los derechos a la protección de la salud, a recibir un trato digno, a la seguridad jurídica, al trabajo y a la igualdad de las personas con VIH y sida.
Rosario Piedra Ibarra exhortó a las autoridades del Estado mexicano a generar mecanismos que garanticen, en la realidad y no sólo en el discurso, los Derechos Humanos de las personas con VIH y sida, así como a eliminar la discriminación y el estigma del que aún son víctimas.
«Analizamos la información proporcionada en 733 quejas recibidas y tramitadas del 1 de enero de 2010 al 31 de julio de 2019 por personas que, por su estado serológico, fueron agraviadas», señaló.
En 2019 se incrementó notablemente el número de expedientes de queja por estos motivos.
Actualmente 85 mil 129 personas viven con Sida y 87 mil 261 con VIH.
Para el 2o trimestre del 2019, se han registrado un total de 7 mil 668 nuevos casos, de los cuales 2 mil 838 corresponden a personas con sida y 4 mil 830 con VIH.
Datos: Informe de Vigilancia Epidemiológica de @censida
Por ello, se recomendó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Salud federal:
Instrumentar el plan estratégico nacional y especializado en la atención integral a personas con VIH, para el monitoreo efectivo de la inclusión, en todos los ámbitos de la vida, y el respeto a los Derechos Humanos de las personas con VIH.
Se debe instaurar un mecanismo interinstitucional para prevenir el desabasto de medicamentos antirretrovirales, ejecutar un efectivo control en su adquisición y asignación, y vigilar su suficiencia, disponibilidad y distribución a todas las instituciones de salud.
A la @SRE_mx se le recomienda realizar las gestiones necesarias, ante la @ONU_es y la Organización de los Estados Americanos, para la elaboración e implementación de un instrumento vinculante que promueva y proteja los derechos de las personas con VIH.
