A partir de junio, más de 60 policías preventivos de Iguala podrán cargar con armas

-Desde septiembre del 2014 por el caso Ayotzinapa fueron desarmados

-Sólo esperan una carta que emitirá la CNDH al gobierno estatal

Por: Rosario García Orozco

Chilpancingo, Gro., 10 de mayo del 2022.-Más de 60 policías preventivos de Iguala están en espera de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos(CNDH) expida una carta que permita que el gobierno del estado devuelva las armas a la Secretaría de Seguridad Pública de ese municipio, ya que sus elementos fueron desarmados, luego de los hechos violentos contra estudiantes de Ayotzinapa desde septiembre del 2014.

El síndico procurador de Iguala, Oscar Díaz Bello, informó que el gobierno municipal está en espera de la carta que va a expedir la CNDH al gobierno estatal, para que en los primeros días de junio la Policía Preventiva de nueva cuenta tenga las armas que les fueron retiradas en el 2014.

El funcionario municipal recordó que los policías municipales han estado trabajando, pero sólo en labores de proximidad con la ciudadanía.

Se trata de 62 elementos que han cumplido con los exámenes de control y la certificación correspondiente, por lo que podrían ser armados en junio, “además otros 7 elementos están en trámites para cumplir con la certificación, haciendo un total de 69 preventivos, los cuales siguen siendo insuficientes para cuidar a más de 150 mil habitantes en Iguala».

El síndico consideró que lo ideal es contar con por lo menos 300 elementos, por lo que en breve se emitirán más convocatorias para reclutar a hombres y mujeres que estén interesados en participar en dar seguridad a los igualtecos desde la Policía Preventiva Municipal.

Cabe hacer mención que desde los hechos violentos en los que desaparecieron 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, los elementos policiacos de la Policía Preventiva fueron desarmados; la instrucción se cumplió el 6 de octubre del 2014, por órdenes del Comisionado Nacional de Segurdiad, Monte Alejandro Rubido, con el objetivo de analizar si las armas habían sido utilizadas para cometer actos delictivos.

Desde ese entonces y hasta ahora, la seguridad del municipio tamarindero fue asumida por la Guardia Nacional y la Policía del Estado.