Por: Gibran Haro
¿Qué culpa tendrían las familias que llevan años esperando el drenaje de su colonia de cómo vote su cabildo? Me preocupa que en Morelos un alcalde haya podido verse obligado a elegir entre mantener su voto y conservar una obra para sus vecinos.
Funcionarios municipales relataron a Proceso que el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado Ceballos, habría advertido a algunos alcaldes que perderían obras comprometidas y ofrecido nuevos proyectos a otros para que sus cabildos cambiaran el voto sobre la reforma de revocación de mandato. Maldonado negó por escrito que el Ejecutivo hubiera ejercido presión. De los 24 ayuntamientos que inicialmente respaldaron la reforma, diez enviaron después actas para modificar su voto.
Si esos testimonios se confirman, estaría en juego la libertad de los ayuntamientos para decidir. Los hechos podrían incluso constituir extorsión. Conforme al artículo 15 de la ley general en la materia, habría que probar que alguien obligó sin derecho a un alcalde a impulsar ese cambio y que con ello obtuvo un beneficio para sí o para otra persona, o causó un daño previsto por la ley, como un perjuicio al patrimonio municipal. Si un servidor público fuera condenado por ese delito, el artículo 18 contempla también su destitución e inhabilitación.
A los alcaldes que hayan recibido esas amenazas les pido que denuncien los hechos ante el Ministerio Público. Importa precisar quién llamó, qué obra estaba en juego y qué se les exigió. Los mensajes, oficios y actas que conserven pueden ayudar a esclarecerlo. Si temen represalias, pueden pedir medidas de protección. La extorsión se investiga de oficio.
A la Fiscalía le pido que escuche a los alcaldes y verifique qué ocurrió con las obras señaladas.
Ninguna comunidad de Morelos debería tener que elegir entre una obra que necesita y la libertad de su cabildo para votar sin presiones.
