La reciente reforma electoral contraviene principios fundamentales consagrados en la Constitución Mexicana y representa un retroceso en materia de derechos humanos para los partidos políticos y de las mujeres y los hombres.
Es por ello que Movimiento Ciudadano presentó una Acción de Inconstitucionalidad frente a las reformas que aprobó el Congreso del estado en la legislación electoral.
Uno de los señalamientos más graves apunta a la violación del principio de progresividad de los derechos humanos.
En lugar de avanzar en la garantía y protección de los derechos político-electorales, la reforma impone restricciones regresivas que limitan la participación y representación ciudadana.
Asimismo, se advierte una afectación directa al derecho de autoorganización de los partidos políticos, al imponer reglas que restringen su libertad para decidir cómo y dónde postular candidaturas. Esto atenta contra su autonomía y su capacidad de incidir libremente en los procesos electorales.
Otro de los principios afectados es el de la representación proporcional y pluralidad, eje fundamental del sistema democrático. El nuevo esquema favorece artificialmente algunos partidos políticos, reduciendo significativamente los espacios para las minorías, lo que distorsiona la pluralidad del Congreso y empobrece el debate democrático.
En cuanto a la certeza y equidad en la contienda electoral, se denuncia la introducción de reglas rígidas y poco claras, lo que genera incertidumbre jurídica y condiciones desiguales entre los actores políticos. La falta de claridad normativa amenaza con provocar litigios y conflictos postelectorales
Especial preocupación ha causado la figura de la “primera minoría”, incluida en la reforma para asignar 4 curules adicionales sin modificar las 8 existentes de representación proporcional, mientras que se incrementan las diputaciones de mayoría relativa de 12 a 18. Esta medida, afirman especialistas, vulnera el principio de representación proporcional establecido en el artículo 116 constitucional, al desbalancear la composición del Congreso local en favor de partidos mayoritarios.
Cabe recordar que el marco constitucional establece un sistema mixto con predominio de la representación proporcional, precisamente para garantizar un Congreso plural, equilibrado y representativo de la diversidad política del estado. El nuevo diseño ignora esta premisa y pone en riesgo el espíritu del legislador constitucional.
Finalmente, se advierte que las medidas implementadas afectan de manera inmediata los derechos político-electorales de la ciudadanía y de los partidos, lo que pone en entredicho la legitimidad del proceso democrático.
De mantenerse en pie, esta reforma podría ser un precedente negativo para la evolución democrática de Morelos.
