***Sotelo consideró que no es necesario insistir con la federación pues las denuncias se presentaron a nivel local
Por: Verónica Bacaz
Cipriano Sotelo Salgado abogado penalista insistió en que mientras sigan al frente de las fiscalías, la General del Estado, que encabeza Uriel Carmona Gándara, así como en la de Anticorrupción, con Juan Salazar Núñez y Adriana Pineda en la del Combate al Secuestro y Extorsión, las 65 denuncias contra el exgobernador, Graco Ramírez y su gabinete, no van avanzar.
“Eso es evidente, hasta un niño lo entiende. Los acuerdos que hizo Graco en su momento, los hizo bien y tiene sus fiscales y no se han movido, pero bueno no se han promovido para quitarlos”, explicó.
Y es que al cuestionarlo sobre si es facultad de los diputados, remover a los fiscales, es también del gobernador, pues es quien debe pedir a los legisladores que sea retirados del cargo siempre y cuando exista una causa grave. Y entonces, ellos determinan si es procedente o no quitarlos.
“El Ejecutivo debe analizar cuál sería la causa grave, yo no creo que sea una causa grave que en dos años no se haya judicializado porque hay investigaciones que tienen que hacerse, porque si por la presión se judicializa y se cae en un juzgado, saldrá más caro el caldo que las albondigas”
“Entonces hay que ser muy práticos y analizar cada una de las investigaciones y ver qué les falta, insistirle al fiscal que se investigue y si no ahí sí puede constituirse una causa grave”, abundó el litigante.
Cipriano Sotelo agregó, que si bien por un lado están los fiscales, por otro se encuentra el filrto de los jueces, por lo que recomendó apostarle a las relaciones institucional entre los tres poderes, junto con la fiscalía, ya que todo va concatenado.
“Creo que hace falta un interlocutor que pudiera hablar con todos los sectores qué le falta a cada investigación y darle tránsito, si o hay delito qué perseguir contra un funcionario, pues también que se determine porque no es la sociedad quién va a juzgar a un exservidor público, tiene que ser la ley”, abundó.
Pero reiteró que si en dos años, no han avanzado las denuncias contra Graco, su familia y exfuncionarios como lo demanda el gobernador, Cuauhtémoc Blanco y la sociedad, mientras sigan esas autoridades fiscales, pasarán los seis años y no saldrá nada.
Asimismo mencionó que es crucial mejorar la paga salarial a los fiscales, ante la sobrecarga de trabajo, para que estos funcionarios no lleven más de 20 investigaciones, hay que capacitarlos y darles reconocimientos económicos.
No obstante, advirtió que se debe tener cuidado con los delitos que se le señalan a Graco Ramírez, porque después de dos años, algunos ya prescribieron, pero en el caso de peculado aún tiene vigencia de 10 años para que se le finquen responsabilidades a partir de que se dejó el poder.
Pero, si son por “ejercicio indebido de la función pública” esos ya prescribieron, pues el Código Penal refiere que el delito prescribe cuando transcurren las dos terceras partes del máximo de la pena y, si este es de dos años, ya pasaron más años.
En cuanto al juicio político, se tiene que revisar si está en el periodo, es decir, que se haya realizado al año de gestión, como lo marca la ley. “Si entró antes de que fenesca el año, por supuesto que hay condiciones todavía”, concluyó.
Por tanto, Cipriano Sotelo consideró que no hay voluntad de las dos partes y, el fiscal Carmona Gándara ha aprovechado de la falta de elementos para “batear” todo y ganar tiempo.
El gobernador, dijo Sotelo, tiene muchas posibilidades de remover, primero al fiscal general y después al de Anticorrupción y a la del Combate al Secuestro, pues fueron puestos por Graco Ramírez.
